En audiencia de procedimiento abreviado, la jueza de Garantías Penales, Yadira Proaño, sentenció a dos años de pena privativa de libertad a Pilar P., Jenny L. y Álvaro L. (funcionario público) como autores del delito de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.
Los siete ciudadanos fueron detenidos en mayo, en un operativo conjunto con la Policía Nacional en el que se ejecutaron trece allanamientos en Ambato, Otavalo, Latacunga, Sangolquí y Quito. Uno de estos procedimientos se llevó a cabo en el Ministerio de Finanzas.
Las investigaciones determinaron que esta asociación estaba conformada por funcionarios públicos que tenían acceso a información privilegiada de los cours de pagos de proveedores del Estado.
Los otros miembros contactaban a los beneficiarios de esos cobros y les decían que podían agilizar el pago a cambio de una comisión del 4% al 5%. Caso contrario, los amenazaban con tomar acciones para que no se realicen dichos pagos.
Al inicio de la diligencia, los procesados consintieron la aplicación de este procedimiento y admitieron su participación en el hecho que se les atribuye, según lo determina el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El fallo también ordena que los tres paguen al Estado 817.782 dólares.
Tras emitir esa resolución, se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Walter M., Luis A., Ángel P. y Eduardo V. (funcionario público), en la que Fiscalía presentó los elementos de convicción que demostrarían su participación en los mencionados delitos y solicitó a la Magistrada que sean llamados a juicio.
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