La mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas reinstaló la audiencia de juzgamiento del denominado caso Malvinas, proceso en el que se definió la situación jurídica de 17 militares procesados por el delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad en el sur de Guayaquil. En esta fase, el Tribunal descartó la existencia de vicios procesales y dispuso la continuidad del juicio.
Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2024, cuando una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana interceptó a cuatro jóvenes. Posteriormente, los menores aparecieron sin vida, con signos de tortura, violencia e incineración, lo que motivó la investigación penal por desaparición forzada.
Durante la audiencia, se expuso la estructura jerárquica del grupo militar involucrado con el objetivo de determinar quién tomó las decisiones, quién ejecutó los actos y quiénes actuaron como cómplices. En ese contexto, se mencionaron los nombres del subteniente John Henry ZE y del suboficial de la FAE Wilson Alfredo C.B..
El juez señaló que existían dos versiones contrapuestas de los hechos, especialmente al valorar los testimonios de los cooperadores eficaces. En ese análisis, rechazó la versión presentada por John Henry ZE y por el resto de militares que negaron su participación, otorgando mayor credibilidad a los testimonios de cooperación eficaz.
Como resultado, el Tribunal declaró culpables a 16 militares. Cinco de ellos, en calidad de cooperadores eficaces, recibieron una sentencia de 30 meses de privación de libertad. En tanto, los otros 11 fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión, además del pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados y una reparación integral de 10.000 dólares por cada procesado.
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