El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que conoció el caso sentenció a Isabel P. a diez años de prisión por el delito de estafa.
La Fiscalía General del Estado demostró que, desde 2014, la ahora sentenciada vendió varios lotes de terreno –sin ser propietaria ni tener posesión sobre ellos– a personas de escasos recursos, obteniendo así un beneficio económico de forma fraudulenta.
Durante la audiencia de juicio, Fiscalía relató que Isabel P. engañó a sus víctimas con documentación caducada y poderes revocados, haciéndoles creer que era la propietaria de los terrenos que prometía vender, arrendar o –incluso– donar. A cambio, solicitaba dinero en efectivo, depósitos bancarios o la compra de materiales, entre otros.
La investigación fiscal reveló que la procesada cometió el delito de manera continuada y que se benefició ilícitamente de los pagos, sin cumplir con la entrega de los terrenos. El perjuicio causado se estima en más de 300.000 dólares.
El Tribunal determinó que la estafa masiva quedó probada y ordenó, además, el pago de una multa equivalente a cuarenta salarios básicos unificados, y la devolución de alrededor de 300.000 dólares a las más de 300 víctimas.
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