En la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Navarrete, director subrogante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), al señalar la serie de dificultades que atraviesan los centros cárcelarios: hacinamiento, violencia e inseguridad penitenciaria y falta de personal técnico, subrayó que no hay niveles de seguridad para la ubicación y tratamiento de personas privadas de libertad, a fin de clasificarlos en máxima, media y mínima seguridad.
Indicó que hay hacinamiento de 8787 personas privadas de libertad (29.39 %) con relación a la capacidad de los centros. Al momento hay 1500 guías penitenciarios y se necesita 7500 para hacer el control efectivo en las cárceles. Hace falta personal técnico, capacitaciones a las personas privadas de la libertad (ppl), planes de reinserción, así como una evaluación técnica y mejoramiento de todos los sistemas de gestión penitenciaria.
Una de las últimas acciones fue el traslado de 500 ppl causantes de la violencia intracarcelaria para reubicarlos en otros centros. Navarrete dijo que hay que sancionar los comportamientos inadecuados y las conductas que atenten a la paz y tranquilidad de los centros. Hace falta nuevos centros de privación de libertad con espacios que permitan clasificar a los presos por su nivel de peligrosidad, añadió.
Mencionó que la inestabilidad laboral de los encargados de expedientes hace que se estanquen los procesos. Desde el segundo semestre de 2019 se han despachado 5657 trámites para beneficios penitenciarios; en el 2020 se evacuaron 7173 expedientes pese a las dificultades generadas por la pandemia por COVID-19; y, en el 2021 se despacharon 974 expedientes.
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