El Consejo de la Judicatura solicitó al Ministerio del Interior un análisis de riesgo y medidas de protección para el juez anticorrupción Carlos Serrano, luego de que el magistrado denunciara amenazas de muerte, presiones internas y el retiro de su seguridad policial en el contexto de procesos por corrupción y crimen organizado.
Serrano señaló que las amenazas se produjeron tras audiencias relacionadas con un caso de lavado de activos y denunció que un funcionario del organismo judicial habría intentado influir en su fallo. Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por presunto tráfico de influencias.
En medio de la controversia, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó licencia temporal con el objetivo de alistar su defensa frente a los señalamientos y a los procesos de fiscalización en curso.
El juez Serrano presentó su renuncia al cargo argumentando falta de garantías para su seguridad personal y la de su familia; sin embargo, el Consejo informó que la renuncia no ha sido aceptada, por lo que el magistrado continúa formalmente vinculado a las causas que tenía a su cargo.
El caso escaló al ámbito legislativo. La Asamblea Nacional aprobó la comparecencia del titular del organismo judicial para que explique las actuaciones institucionales adoptadas tras las denuncias.
La situación ha reactivado el debate nacional sobre la independencia judicial, la protección a jueces que conocen casos de alto riesgo y la respuesta institucional del Estado frente a posibles presiones en el sistema de justicia.
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